Mecanismos de veeduría y control que priorizan la protección de los derechos humanos.

 La Fundación Karisma analiza el fallido proyecto para instalar cámaras con identificación biométrica en varias estaciones de Transmilenio, en Bogotá. Esta tecnología puede 

vulnerar el derecho a la privacidad, amenaza las libertades individuales y aumenta el riesgo de abuso de autoridad.

El gobierno y la ciudadanía creyeron que con la instalación de estas cámaras –23 IP fijas, diseñadas para emitir imágenes directamente a internet sin necesidad de un computador;
tres PTZ, capaces de hacer el seguimiento automático de un sospechoso, con zoom, paneos y cambios de inclinación; y seis cámaras inteligentes de identificación biométrica y
reconocimiento facial– se podían disminuir los índices de robos y atracos.

El propósito del Sivit era que las cámaras de reconocimiento facial identificaran a un ladrón y emitieran una alerta en tiempo real para que los otros dispositivos lo siguieran
a distancia hasta que la Policía lo capturara. Sin embargo, a la anterior administración distrital se le olvidó un pequeño detalle: el buen funcionamiento de este sistema
requería una base de datos con las fotos de los delincuentes a quienes se estaba buscando. Para hacer el cotejo de las imágenes recolectadas en las cámaras y poder perseguir y
detener a los sospechosos era necesario un registro previo de los mismos. Y ese registro no existía.

El beneficio para la seguridad de la ciudad que prometen las cámaras está en entredicho. “Más allá del problema de gasto estamos ante un sistema que posiblemente atentaría
contra la intimidad de millones de personas al tratar a cualquiera que utilice el sistema masivo de transporte como un eventual sospechoso”.

No se trata de satanizar o prohibir el uso de cámaras de seguridad. Al contrario, las investigadoras coinciden en que lo ideal sería entablar un diálogo entre defensores de
derechos humanos, ONG, academia y gobierno para diseñar y poner en marcha un política pública clara que regule estos sistemas de vigilancia y entablar mecanismos de veeduría y control que prioricen la protección de los derechos humanos.

 

 

TOMADO DE: www.elespectador.com